Un Ignacio Fernández Tojo abatido y un Cándido Méndez que oculta su estado de ánimo tras la erizada barba que le caracteriza, sostienen en solitario la pancarta que convocaba a los empleados de la administración pública a una huelga el pasado martes día 8. La viñeta es suficientemente expresiva de cual fue el resultado de la convocatoria: el tercer personaje huye de la escena corriendo… ¿o tal vez bailando? Y es que todo parece indicar que resultó un fiasco: si Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores informaron que el seguimiento había sido del 75%, el Gobierno cifró en un 11% el seguimiento de la misma. Los medios de comunicación recogen opiniones para todos los gustos; las hay que se alegran de la baja participación en la medida que supone una bofetada para unos sindicatos que hasta ahora sólo se han preocupado de amasar ingentes cantidades de dinero a cambio de su silencio; las hay, por el contrario, que se alegran del fracaso en la medida que corresponde a un sector que es el que menos tiene que preocuparse por su estabilidad laboral –el funcionario, salvo situaciones extremas, tiene asegurado su puesto de trabajo hasta la reglamentaria edad de jubilación-; he leído también opiniones que enfocaban la escasa participación como un acto de responsabilidad de unos profesionales que no estaban dispuestos a que se les descontara un jornal además de reducirles arbitriamente el sueldo un 5, un 6 o un 7%, ... y las hay que manifiestan su enfado por no haber aprovechado los funcionarios la ocasión para darle un capón al Gobierno que nos ha conducido a esta situación. Como se ve, hay opiniones para todos los gustos.
Dentro de la complejidad que el caso encierra, me atrevo a hacer las siguientes aseveraciones: 1) El problema ha sido provocado por unos gobiernos -nacional y autonómicos- que han creado más empleo público que el que se puede mantener. 2) El funcionario que adquiere tal condición después de una reñida oposición está completamente legitimado para reivindicar lo que en derecho le corresponde y defenderlo con la misma fuerza que el que más. 3) La enfermedad que afecta a la Administración es la ingente cantidad de empleados no funcionariales que la engorda, bajo el pretexto de tener que asesorar a los políticos de turno. 4) CC.OO y U.G.T. han quedado completamente desacreditadas ante amplios sectores de la opinión pública.
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